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La decisión de la corte que instó a tres usuarios de Twitter a entregar detalles de sus cuentas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no los dejó nada satisfechos. Ahora, ellos han presentado una moción para revocar el fallo dictado el 11 de marzo por la jueza Magistrada Theresa Carroll Buchanan del Distrito Este de Virginia.

Los usuarios en cuestión son el investigador de seguridad norteamericanos Jacob Appelbaum, la política islandesa Birgitta Jonsdottir y el programador holandés Rop Gonggrijp. Se cree que ellos están o estuvieron en contacto con WikiLeaks, y por ello el gobierno estadounidense está tratando de encontrar detalles acerca de su posible participación en la publicación de cables diplomáticos de los Estados Unidos, pues analistas militares suponen que han compartido los cables con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange y/o Bradley Manning.

De acuerdo a eWeek, la información que busca el gobierno se encuentra en direcciones de correo electrónico asociadas a los registros de sesión de las cuentas de Twitter en cuestión.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) y la American Civil Liberties Union (ACLU) también cuestionaron la decisión a nombre de Birgitta Jonsdottir, y afirman que "las demandas secretas del gobierno para obtener información sobre las comunicaciones de los usuarios sólo se hicieron públicas porque Twitter tomó medidas para asegurar que sus clientes fueran notificados y tuvieran la oportunidad de responder".

"Salvo excepciones extraordinarias, no se debería permitir al gobierno obtener de manera secreta información sobre las comunicaciones privadas de los usuarios de Internet. Y ésta no es una de esas circunstancias", dijo Aden Fine, abogado del Proyecto Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU. "Si se permite esta decisión, nuestra cliente nunca podrá saber si otras compañías han recibido la orden de entregar información sobre ella, ni tampoco si es capaz de desacatar este tipo de solicitudes invasoras".

"Servicios como Twitter tienen información que puede ser usada para el seguimiento y vincular nuestras comunicaciones a través de múltiples servicios como Facebook y Gmail", dijo la directora jurídica del FEP, Cindy Cohn. "La decisión de la magistrada para que los usuarios no tengan capacidad de proteger esa información del gobierno de los EUA es especialmente preocupante".

Cohn señaló a principios de este mes, las graves implicaciones de la decisión de la corte: "Mucha de nuestra información digital privada está en manos de terceros - ya sea en la nube o en sitios de redes sociales como Twitter - el gobierno puede seguir cada uno de nuestros movimientos y utilizarlos sin ni siquiera tener la oportunidad de protegerlos".

Los abogados argumentan que la decisión viola los derechos de los acusados de acuerdo a la enmienda "la libertad de expresión, de asociación y la privacidad son trastocados, también deberían beneficiarse de una moción para desclasificar todos los documentos restantes que tengan relación con la Orden de Twitter y cualquier consigna eventual similar hacia otras entidades distintas a Twitter.